Gobernanza del agua y distribución del agua

Las normativas y procesos en torno a la gobernanza del agua incluyen criterios como la sostenibilidad y la participación en la toma de decisiones, bajo la consideración del agua como un bien común y un derecho humano1. En la práctica existe una falta de coherencia entre los principios establecidos y su implementación.

Los retos identificados, en un contexto marcado por una creciente presión sobre los recursos hídricos, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas de agua dulce, y una creciente demanda de agua para usos productivos, son:

• Falta de participación social en los procesos de toma de decisiones en torno al agua;

• Falta de coordinación entre instituciones;

• Falta de mecanismos eficientes de control y rendición de cuentas; 

• Falta de transparencia a la hora de establecer los usos y valores del agua. Necesidad de protección frente a dinámicas como los centros de datos interescalares, las macrogranjas y, en general, grandes infraestructuras como los embalses;

• Privatización en detrimento de la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento.

Los sistemas actuales de uso y gestión del agua están llevando al agotamiento y la degradación de los ecosistemas acuáticos. A su vez, la degradación de los ecosistemas afecta de forma directa la disponibilidad de agua para todas las especies incluidas las sociedades humanas (en términos de calidad y de cantidad), lo que conlleva impactos de carácter social, cultural y económico.

1 El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 64/292, reconociendo el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos fundamentales.