Captura del sistema político por intereses económicos.

La democracia formal convive con una realidad opaca: las decisiones que afectan a la mayoría se toman en despachos donde no hay urnas. Los lobbies financieros, energéticos y tecnológicos redactan borradores de leyes, financian campañas y rotan puertas giratorias entre consejos de administración y ministerios. La ciudadanía vota cada cuatro años; el gran capital vota cada día. El resultado es una democracia económica inexistente. Los trabajadores no deciden sobre el qué producir, el cómo o el para quién. Las comunidades no tienen voz sobre los impactos de las megainversiones en sus territorios. La propiedad se concentra, y con ella el poder de fijar precios, salarios y destinos colectivos. La acumulación de riqueza no es un efecto secundario, sino el motor del sistema. Un puñado de familias controla más recursos que la mitad de la humanidad. Esa desigualdad extrema se traduce directamente en capacidad de comprar voluntades, medios de comunicación y resultados electorales. Frente a esto, ninguna participación ciudadana será real si no va acompañada de una auténtica democratización de la economía: límites a la propiedad, control obrero y comunitario, y transparencia total del dinero en política.