Desarrollo urbano guiado por el beneficio privado contra el bien común, limitando un contexto urbano saludable, seguro y sostenible

El urbanismo expansionista y de baja densidad que ha dominado las últimas décadas ha priorizado el lucro de las promotoras privadas por encima del bienestar social, dejando grandes problemas socioeconómicos y ambientales con un alto coste público para resolverlos, así como problemas para colectivos más vulnerables y degradación ambiental del entorno urbano. El desplazamiento de usos del suelo y habitantes hacia el extrarradio, el aumento de la movilidad obligada, sistemas de transporte público ineficientes, falta de equipamientos, pérdida de biodiversidad y suelos agrícolas son solo algunos ejemplos de las implicaciones de este modelo. La supeditación de los usos y propiedad del suelo a la economía del capital favorece un modelo de ciudad individualista, insalubre e ineficiente, centrada en el transporte privado, con altos índices de polución, pocas zonas verdes y espacios públicos deteriorados cuya función social se ve debilitada. Este tipo de desarrollo urbano promueve a su vez un fuerte desequilibrio territorial, porque las comunicaciones, los servicios y las redes de transporte priorizan las ciudades en detrimento de los núcleos rurales y su conexión natural con el sistema agroalimentario que nos sostiene. ¿El resultado? Más aglomeración en las ciudades, más pueblos vacíos y un sistema agroalimentario cada vez más intensivo, deslocalizado e insostenible.