Protección de las personas trabajadoras directamente afectadas por reestructuraciones de actividades económicas que tienen que decrecer o desaparecer.

Este conflicto tiene que ver con la falta de mecanismos para proteger a las personas que en estos momentos trabajan en actividades económicas que deben decrecer o desaparecer para hacer posible una transición ecosocial justa. Partiendo de los principios provenientes de la transición justa en el plano sindical, se abordan los mecanismos de protección y de generación de alternativas económicas necesarios en el corto plazo para garantizar el sustento de todas las personas trabajadoras cuya área de actividad debe decrecer o ser desmantelada, teniendo en cuenta que esto implica una transición justa en sectores más allá del industrial, como la agricultura o el turismo.

La Transición Justa no se limita a una simple sustitución de empleos o a una transacción económica de trabajo por retribución; es un proceso integral que debe proteger la conciencia de clase, los derechos fundamentales y la cohesión social. En este sentido, los cierres repentinos de actividades (minería, térmicas, pesca) sin planes previos generan incertidumbre, destrucción de empleo y brechas sociales profundas a lo que se suma el riesgo de que la transición acentúe las brechas de sexo, renta, raza o lugar de residencia si no hay una intervención pública decidida. También existe la preocupación de que la producción de energía renovable siga concentrada en el mismo oligopolio, en lugar de democratizarse a través del autoconsumo y beneficios compartidos con las comunidades.